Shanghai express

Excelente el reportaje que el New York Times ha dedicado, en su edición de fin de semana, a la historia de Xie Yujun, un “padre coraje” que lucha contra la kafkiana maquinaria judicial del Estado chino para conseguir que se reconozca la inocencia de su hijo, condenado por un crimen que él cree (con más que sobrados motivos) que no cometió.

En un plano más general, los interesados en conocer el funcionamiento de los tribunales penales chinos tienen en las distintas intervenciones que el abogado y profesor de la New York University, Jerome A. Cohen, ha realizado ante la Comisión del Congreso y el Ejecutivo de Estados Unidos sobre China (CECC) una importante fuente de información.

En estos informes Jerome Cohen ha resaltado que son muchas y muy importantes las deficiencias de la justicia penal en China.

En primer lugar, la policía y demás órganos de seguridad del Estado tienen una casi absoluta libertad para decidir el arresto o detención de cualquier persona en el curso de las investigaciones que realicen por cualquier delito. No existe el derecho de “habeas corpus” (aquél que permite, en los sistemas occidentales, a un detenido ser llevado ante la autoridad judicial si cree que su detención es ilegal) ni nada parecido. La intervención de la autoridad judicial en la investigación de los delitos es prácticamente nula (ni siquiera es necesaria para acordar la intervención de las comunicaciones de un sospechoso o registrar su domicilio) y lo que en España llamaríamos Fiscalía no tiene por lo general ningún interés en verificar y revisar cómo desarrolla la policía sus investigaciones.

En segundo lugar, una vez practicada una detención, el detenido no cuenta con la asistencia de un abogado en los interrogatorios a los que es sometido a continuación por la policía o cuerpos de seguridad del Estado.

Este es un aspecto crucial ya que son mayoría las condenas que luego se dictan basándose fundamentalmente en la confesión del acusado ante la policía, a pesar de que la Ley de Procedimiento Criminal obliga a los tribunales a considerar todas las pruebas praticadas y a no confiarlo todo a la confesión del acusado.

El hecho de que tales declaraciones se realicen en los centros de detención, sin la intervención de ningún órgano o persona independiente que supervise su práctica, permite que muchas de ellas puedan ser obtenidas bajo coerción o, incluso y a pesar de que la Ley lo prohíbe expresamente, bajo tortura.

Incluso después de practicado ese primer interrogatorio por la policía, es muy difícil para el acusado conseguir asistencia legal.

Aunque la Ley de Procedimiento Criminal, después de sus reformas de 1996 y 1997, obliga a la policía a comunicar el hecho de la detención y el lugar donde se encuentra el detenido a su familia o a su empresa después de practicado ese primer interrogatorio o, en todo caso, transcurridas 24 horas desde la detención, y otorga a la familia o empresario el derecho de designar a un abogado de su elección para que asista al detenido con la mayor prontitud, lo cierto es que estos preceptos rara vez son aplicados dadas las múltiples excepciones contempladas en la Ley para evitar su efectividad y las prácticas que se siguen por las autoridades administrativas. Es muy frecuente que la policía evite dicha comunicación alegando que el caso afecta a “secretos de estado” o que interferiría en su investigación o simplemente que no ha sido capaz de hallar a los familiares.

En el caso investigado por el New York Times, por poner un ejemplo, Xie Yujun no tuvo noticias de la detención de su hijo sino 7 semanas después de haberse producido y eso después de que interpusiera una denuncia por su desaparición.

Pero no acaban aquí las dificultades, una vez que la familia ha conseguido conocer el hecho de la detención y reunir el dinero necesario para contratar un abogado, lo cierto es que a éste difícilmente se le permitirá hacer otra cosa, en la fase de instrucción, que entrevistarse con su cliente (y aun así frecuentemente en presencia de la policía) para darle consejo legal e informarle de su situación. En ningún caso se le permitirá revisar las actuaciones realizadas y mucho menos proponer diligencias de investigación en beneficio de su defendido.

Por volver al caso relatado por el NYT, el acusado no se pudo entrevistar con su abogado hasta pasados 7 meses de su detención y aun entonces en presencia de la policía. A eso se vio limitada la intervención del abogado durante toda la fase previa al juicio.

En tercer lugar, si en la fase de investigación criminal los derechos del acusado son mínimos por no decir inexistentes, en la fase de juicio, una vez formulada la acusación formal por la Fiscalía, apenas mejoran.

La mayoría de la prueba que se practica en juicio no consiste en otra cosa que en leer las declaraciones que acusado, testigos y/o peritos hayan podido hacer a la policía en fase de investigación

A pesar de que la Ley de Procedimiento Criminal expresamente prevé que los testigos y peritos de la acusación podrán ser interrogados por la defensa durante el juicio es práctica admitida que no se personen en el pleito y que no se les obligue a hacerlo.

Por volver al caso al que venimos haciendo referencia desde el principio, a pesar de que las declaraciones de las víctimas (el proceso se siguió por un intento de asesinato de una madre y su hija) fueron contradictorias y de que nunca llegaron a identificar al acusado como autor del crimen a pesar de que vivía en su propia casa (lo único que dijeron es que se parecía a alguien de su familia), a la defensa le fue imposible interrogarlas en el juicio para poner de relieve esas contradicciones.

Pero si la defensa difícilmente puede revisar e impugnar las pruebas presentadas por la acusación, tampoco puede aportar las suyas propias, ya que en muy raras ocasiones el tribunal aceptará como prueba los testigos o peritos propuestos por la defensa y, aun cuando aceptara esa prueba, es extraordinariamente frecuente que los testigos propuestos por la defensa no asistan al juicio ante la falta de cualquier castigo por no hacerlo y de un sistema que asegure el cumplimiento de estas resoluciones judiciales.

Además, sobre la cabeza de los abogados defensores pende, cual espada de Damocles, la posibilidad de que la fiscalía los acuse de perjurio si sospecha que han inducido al acusado o a alguno de los testigos a manifestar en el juicio una cosa distinta a la que declaró ante la policía.

En estas condiciones, no es de extrañar que el 98 % de los juicios penales que se celebran en China acaben con una sentencia condenatoria del acusado.

Finalmente, la posibilidad de que en un tribunal superior se revise la sentencia dictada por uno inferior es todavía más pequeña.

El caso investigado por NYT constituye una excepción a esta regla, ya que en segunda instancia se revocó la sentencia dictada por el tribunal inferior con el argumento de que las pruebas aportadas por la acusación no eran suficientes para condenar al acusado. Sin embargo, no por ello el acusado salió en libertad sino que, con vulneración del principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, lo que se hizo fue practicar un nuevo juicio en el que la acusación no aportó ninguna prueba adicional a la ya aportada en el primero y, ello no obstante, el acusado fue de nuevo condenado y esta nueva sentencia ratificada por el tribunal superior, según el reportaje, debido a presiones procedentes de las autoridades políticas que querían para este caso una sentencia condenatoria a toda costa ante la alamarma social que había creado.

Todo un ejemplo de como no debe funcionar un sistema penal.

Addendum Las intervenciones de Jerome Cohen ante la CECC pueden encontrarse aquí y aquí.

El artículo de NYT lo encontré gracias a Peking Duck