Crimen y castigo.
Excelente el reportaje que el New York Times ha dedicado, en su edición de fin de semana, a la historia de Xie Yujun, un “padre coraje” que lucha contra la kafkiana maquinaria judicial del Estado chino para conseguir que se reconozca la inocencia de su hijo, condenado por un crimen que él cree (con más que sobrados motivos) que no cometió.
En un plano más general, los interesados en conocer el funcionamiento de los tribunales penales chinos tienen en las distintas intervenciones que el abogado y profesor de la New York University, Jerome A. Cohen, ha realizado ante la Comisión del Congreso y el Ejecutivo de Estados Unidos sobre China (CECC) una importante fuente de información.
En estos informes Jerome Cohen ha resaltado que son muchas y muy importantes las deficiencias de la justicia penal en China.
En primer lugar, la policía y demás órganos de seguridad del Estado tienen una casi absoluta libertad para decidir el arresto o detención de cualquier persona en el curso de las investigaciones que realicen por cualquier delito. No existe el derecho de “habeas corpus” (aquél que permite, en los sistemas occidentales, a un detenido ser llevado ante la autoridad judicial si cree que su detención es ilegal) ni nada parecido. La intervención de la autoridad judicial en la investigación de los delitos es prácticamente nula (ni siquiera es necesaria para acordar la intervención de las comunicaciones de un sospechoso o registrar su domicilio) y lo que en España llamaríamos Fiscalía no tiene por lo general ningún interés en verificar y revisar cómo desarrolla la policía sus investigaciones.
En segundo lugar, una vez practicada una detención, el detenido no cuenta con la asistencia de un abogado en los interrogatorios a los que es sometido a continuación por la policía o cuerpos de seguridad del Estado.
Este es un aspecto crucial ya que son mayoría las condenas que luego se dictan basándose fundamentalmente en la confesión del acusado ante la policía, a pesar de que la Ley de Procedimiento Criminal obliga a los tribunales a considerar todas las pruebas praticadas y a no confiarlo todo a la confesión del acusado.
El hecho de que tales declaraciones se realicen en los centros de detención, sin la intervención de ningún órgano o persona independiente que supervise su práctica, permite que muchas de ellas puedan ser obtenidas bajo coerción o, incluso y a pesar de que la Ley lo prohíbe expresamente, bajo tortura. (more…)
